Cercados por la Soja de Carlos Rodriguez para Pag/12

Algo que desde hace tiempo venimos hablando es del desmonte y de la mafia sojera que echa de sus tierras a los ocupantes originarios, lamentablemente esto no tiene casi difusión en los medios salvo pagina 12, esperemos que la reglamentación de la tan esperada ley de bosques llegue rapido y los sojeros delincuentes dejen vivir a los wichis y a todos nosotros en paz. Un fragmento de la nota, pueden leerla completa tocando el titulo:
"Nosotros no queremos ser ‘jefes de hogares’ que tienen que salir a cortar la ruta para que les den subsidios. Nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra tierra, nuestro monte. Nosotros queremos seguir viviendo acá, como vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Acá somos felices y de acá no nos queremos ir.” Ramón es muy joven. Dice que no sabe –ni importa mucho– qué edad tiene. No llega a los 20 años. “Ni documento (de identidad) tengo”, comenta. Ramón es integrante de una de las 15 familias que viven en la comunidad wichí de El Escrito, a unos 100 kilómetros de Tartagal, en medio de lo que fue un monte tupido, lleno de corzuelas –entre otros animales– y frutos silvestres que nutrían la mesa de los antiguos dueños de la tierra, de las flechas, de la vida en contacto con la naturaleza más salvaje y acogedora: la del chaco salteño. Cuarenta mil argentinos son wichís. En Salta, más de 60 familias de esa comunidad están siendo expulsadas de sus dominios por el desmonte compulsivo. En cuatro años desaparecieron 807 mil hectáreas de montes y las topadoras siguen su avance –junto a las plantaciones de soja–, sobre el pueblo wichí: “Nos quieren obligar a que nos vayamos al pueblo”, repiten los caciques.
La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf), integrada por técnicos e investigadores de trece instituciones, organizó una travesía –de la que participó PáginaI12 como único medio gráfico– por las comunidades wichís de El Traslado, Zopota y El Escrito, hoy cercadas por desmontes, autorizados o no, por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey, que sigue la política iniciada por el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. En los hechos, todo marcha a contrapelo de lo que dice la letra de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre del año pasado por el Congreso de la Nación, cuya aplicación práctica se demora porque el gobierno nacional todavía no la reglamentó y porque las provincias siguen demorando el tratamiento de la norma en sus respectivas legislaturas....
Los últimos montaraces, exponentes de un modo de vida que rechaza la urbanización insaciable y defiende la vida silvestre sin avanzar sobre nadie, están siendo arrasados por la voracidad sojera, que no respeta ni el árbol, ni el bosque.
... Nosotros siempre vivimos acá y no nos queremos ir.” El que habla es Oscar, mientras Carlos guarda respetuoso silencio. El que amenazó dice ser el dueño de las tierras, que ahora han sido alambradas. Algunos caminos tienen inusuales tranqueras con candados. Los caminos pasan por encima de los lugares donde los wichís enterraron a sus muertos. Nadie podría imaginar una ruta atravesando el cementerio de la Recoleta o la Chacarita.
El señor del 38, además de amenazar, trabó el único molino que hay en el paraje y los wichís tienen que recorrer decenas de kilómetros para juntar un poco de agua. Eso, aunque estén de parto (ver aparte). Las comunidades visitadas, en el departamento salteño de San Martín, están cercadas por miles de hectáreas desmontadas. Los wichís viven en pequeñas “cortinas” forestales, conjuntos de árboles y vegetación que han quedado en pie sobre la tierra árida. Los antiguos dueños de la tierra han llevado su caso a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), luego de insistir largamente ante las autoridades provinciales....
... Viene de lejos la polémica por la legitimidad de los “desmontes autorizados” por el ex gobernador Juan Carlos Romero, que los entregó a poderosos empresarios sojeros.
El problema lo heredó el actual gobernador Urtubey, que en los primeros tiempos designó en puestos clave a técnicos formados en la Universidad de Salta (UNSA), siempre a favor del medio ambiente. La autorización para el desmonte en El Traslado fue cancelada por la secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, que luego fue removida de su cargo. Voceros de la secretaría, ahora a cargo de Cristina Camardelli, le aseguraron a PáginaI12 que el desmonte acelerado “no es responsabilidad del actual gobierno, que heredó una situación compleja a la que está tratando de ordenar”. Camardelli se ha reunido con los representantes de la comunidad wichí, pero las soluciones que ellos demandan no aparecen. Ni siquiera ha dado frutos el planteo legal ante el Juzgado Federal de Orán, presentado en 2006, para que las tierras ancestrales sean demarcadas, a fin de impedir el avance de las topadoras.
La Fundación Asociana (Acompañamiento Social de la Inglesa Anglicana del Norte Argentino) hizo un trabajo según el cual la Secretaría de Política Ambiental convocó a 211 audiencias públicas desde 2004 a la fecha. De ese total, 195 fueron solicitudes de desmonte. De ellas, se autorizaron 191. De un total de 129.257 hectáreas destruidas en 2004 se llegó a las 435.399 del año pasado. La tendencia sigue sin ningún freno. “La ley aprobada el año pasado dice que hay que parar el desmonte, pero nadie nos da una respuesta positiva, ni siquiera la Justicia”, protesta Oscar Frías...
Juan Rodríguez ya pasó la barrera de los 80 años de vida y se enoja frente a la tranquera con candado: “No estoy conforme con el gobierno que vende los terrenos fiscales. Los que los compran se creen dueños de todo. Sin monte no tenemos vida. Ya no llevo flechas como antes, pero igual sigo siendo el dueño del monte y de acá no me voy”, asegura."