30 AÑOS. NUNCA MAS.

Acusación del fiscal Julio Strassera. Juicio a las Juntas Militares. Año 1985
Extracto

Señores jueces:

La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia.

Razones técnicas y fácticas tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales--, me han determinado a exhibir, a lo largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó, lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país.

Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador.

Empero, ellos serán mucho más generosos que sus verdugos, pues no exigirán tan solo el castigo de los delitos cometidos en su perjuicio. Abogarán, en cambio, para que ese ineludible acto de justicia sirva también para condenar el uso de la violencia como instrumento político, venga ella de donde viniere; para desterrar la idea de que existen "muertes buenas" y "muertes malas" según sea bueno o malo el que las cause o el que las sufra.

Pero la violencia, señores jueces, no era obra exclusiva de la izquierda revolucionaria como en vano se ha pretendido demostrar en este juicio.

Paralela y coetáneamente con aquella aparece en la escena nacional una organización particularmente siniestra, que nada tuvo que envidiar a la guerrilla; me refiero a las Tres A, o Alianza Anticomunista Argentina, grupo terrorista especializado en la supresión de ciertos ciudadanos que cometían el delito de pensar.

Curiosamente, desde las esferas oficiales sus integrantes no eran considerados subversivos, sino una reacción necesaria de defensa social.

Pero en este aspecto de la cuestión creo que más útil que mis argumentaciones es escuchar al almirante Guzzetti, nuestro canciller en 1976, cuando dijo al mundo entero:

"Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma forma que se considera un microbio".

Pero la particularidad de estos anticuerpos (mejor sería llamarlos antihombres), fue la forma indiscriminada en que ejercieron su culto a la violencia. A cualquier acción violenta de la guerrilla respondían con el cobarde asesinato de algún político o de algún intelectual de izquierda, en todos los casos inerme.

Así atentaron en octubre de 1973 contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen; en 1974 contra el rector de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Laguzzi, matando a su hijo Pablo de cuatro meses de edad; el mismo año asesinaron a Silvio Frondizi, a los comunistas Carlos Alberto Miguel, Rodolfo Achen y Enrique Lahm, al ingeniero Carlos Llerenas Rozas y tantísimos otros más, cuya enumeración no es del caso hacer aquí.

Pero mucho más grave que la desfachatada justificación desde el gobierno, es el hecho incontrovertible que las Tres A desaparecen de la escena a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Porque, señores jueces, de esa fecha en adelante la más empeñosa búsqueda para detectar un hecho de esa organización resulta estéril.

Por qué? La respuesta es obvia; porque se integran al Estado. Porque la complicidad tolerante cedió paso a la acción directa, pasando sus miembros a revistar en los cuadros permanentes de la represión bajo la forma de las temibles patotas".

De otra manera, los anónimos operativos de detención en horas de la madrugada practicados por pandillas disfrazadas, carecían de explicación.

Tal, en apretada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el pais cuando tres de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular.

Y cuál fue la respuesta, luego de éste, que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva?
Para calificarla, señores jueces, me bastan tres palabras. Feroz, clandestina y cobarde.

Porque si bien resulta inexcusable admitir la necesidad y la legitimidad de la represión de aquellas organizaciones que hacen de la violencia su herramienta de lucha política, a fin de defender los valores de la democracia, del mismo modo ha de admitirse que cuando esa represión se traduce en la adopción de los mismos métodos criminales de aquellas organizaciones, renunciando a la eticidad, nos encontramos en presencia de otro terrorismo; el del Estado, que reproduce en sí mismo los males que dice combatir.

Los guerrilleros secuestraban, torturaban y mataban. Y qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar en una escala infinitamente mayor y, lo que es más grave, al margen del orden jurídico instalado por él mismo, cuyo marco pretendía mostrarnos como excedido por los sediciosos.

Y de aquí, señores jueces, se derivaron consecuencias mucho más graves para el orden jurídico.

Porque, cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? Cuántas inocentes? Jamás lo sabremos y no es culpa de las victimas.

Al suprimirse el juicio, se produjo una verdadera subversión jurídica; se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar hacia abajo.

No existió entonces patrón de conducta al cual la víctima podía someterse para estar a cubierto de una posible injuria El terrorismo de Estado la ponía en una situación de absoluta impotencia en lo concerniente a la determinación de su conducta y, por ende, en la decisión de su destino. El carácter arbitrario e indiscriminado de la represión sitúa el centro de la suerte de la victima fuera de ésta, pero continúa considerándola responsable de una conducta que no sólo no decide, sino que incluso no puede llegar a comprender.

De tal suerte, las juntas militares fracasaron no sólo en la misión de establecer la inocencia de los inculpados injustamente, sino también en la de probar la culpabilidad de los responsables de actos criminales.
La mentira, la disociación entre los dichos y los hechos aparecen ya en los antecedentes de lo que aquí juzgamos.

Obra agregada a la causa el anexo I de la directiva 333 correspondiente al dio 1975 donde el Gral. Videla, como jefe del estado Mayor, afirma: "En octubre de 1974 el pueblo eligió mayoritariamente a quienes habrían de representarlo y ese gobierno popular es enfrentado por quienes se atribuyen una representatividad que no tienen".

Señalaba también, "todo intento de condicionar a las autoridades libremente elegidas, se convierte en un atentado contra el pueblo que las eligió".

Agregaba por último, "frente a un pueblo maduro y consciente que ejerce su soberanía en plenitud se alzan las minorías que pretenden arrogarse el derecho de representarla".

Esas afirmaciones no impidieron que el 24 de marzo de 1976 el general Videla, junto con el almirante Massera y el brigadier Agosti derrocaran a ese mismo gobierno popular del que eran su brazo armado y asumieran la suma del poder.

Durante estos 5 días analizaremos la prueba de los hechos por los que se indagó a los acusados, hechos que revelan los diferentes rasgos de la represión y expondremos las razones jurídicas sobre las que fundaremos el pedido de condena

Quisiera destacar ahora algunos aspectos generales del sistema implantado.

Los gobiernos surgidos de los distintos golpes de Estado siempre quebraron el régimen constitucional y en algunas ocasiones, usurpando facultades legislativas, dictaron normas que derogaban layen vigentes, pero que a la vez también los autolimitaban, normas que en términos generales fueron cumplidas o en su defecto fueron nuevamente modificadas.

En cambio, la acción desarrollada bajo el mando de la Junta Militar integrada por Videla, Massera, Agosti y sus continuadores tuvo la particularidad de no cumplir ni siquiera con las inconstitucionales normas que dictó...

Entre las muchas deudas que los responsables de la instauración de este cobarde sistema de represión han contraído con la sociedad argentina existe una que ya no podrán saldar.

Aun cuando ellos tuvieran prueba de que todas las personas secuestradas hubieran participado en actos de violencia, la falta de juicio y de sentencia condenatoria impide que la República considere a esas personas como responsables de esos hechos...

Quisiera repetirlo: la falta de condena judicial no es la omisión de una formalidad. Es una cuestión vital de respeto a la dignidad del hombre.

Su abandono llevó a lo siguiente: una persona fue secuestrada por pertenecer a las F.A.P. (Fuerzas Armadas Peronistas) y resultó que pertenecía a la F.A.P. (Federación Argentina de Psiquiatras); un profesor fue detenido por difundir las ideas del ERP y resultó que daba clase de ERSA (Estudio de la Realidad Social Argentina); una persona fue detenida porque leía "No transar"; un niño de 14 años fue detenido y asesinado con métodos atroces porque quería ingresar en la Escuela de Suboficiales de Marina y era hijo de un integrante del Partido Comunista; los hijos, la nuera y la esposa de Ramón Miralles fueron detenidos para poder detener a Ramón Miralles; Ramón Miralles fue detenido y torturado para que explicase o inventase algún delito económico de Victorio Calabró...

Alguien tiene derecho a permitir que Adriana Calvo de Laborde tenga a su hija esposada y con los ojos vendados en el asiento trasero de un auto en movimiento y que soporte durante cinco horas el llanto de su bebé recién nacido, tirado en el suelo sin poder tocarlo?

O lo que narró Susana Caride: "En un momento determinado, por algo que alguien contestó, Julián tomó la cadena y golpeó a todos los que estábamos allí, fue algo dantesco, porque al estar engrillados, al estar con los ojos vendados, era gente que caía uno al lado del otro, con gritos, con sangre, con orín, fue algo realmente dantesco; me dejaron ahí tirada y al rato con un látigo me volvió a pegar, me tiraron agua con sal y no sé cuánto tiempo después dijo llévensela, porque sino la voy a terminar matando".

Pero no sólo los secuestrados fueron las víctimas, hubo mucho más. Ante estos estrados desfilaron padres y familiares narrando las gestiones infructuosas que realizaban a partir del secuestro. Por lo general, todo comenzaba en una comisaría donde, por las órdenes de los acusados, se negaban a recibir las denuncias.

Esta era sólo la primera estación de un calvario que luego se completaba con infructuosas visitas a unidades militares, a las iglesias, a embajadas o a cualquier persona que pudiera ayudar.

También concurrían periódicamente a dependencias del Ministerio del Interior donde, con cinismo se habilitó una oficina para la búsqueda de las personas desaparecidas. Se encuentran agregadas a la causa las constancias de que hubo más de 5.500 pedidos de paradero, donde se relataba la circunstancia de detención y en ninguno de los cuales se logro detectar una sola persona que estuviera secuestrada por personal de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

Los hábeas corpus y las medidas judiciales que se iniciaban eran respondidos con informes falsos de los diferentes comandos, y la policía, donde se afirmaba que la persona que se buscaba no estaba detenida ni se tenían antecedentes de ella.

Era un chocar permanente con puertas cerradas.

Este es otro resultado del modus operandi implantado. Primero el secuestro y las tremendas consecuencias sobre la víctima que ya hemos relatado; segundo, la mentira el gobierno rehúsa reconocer toda detención o arresto y niega la necesidad de proceder a una investigación. Eso hace que todos los recursos legales, en vista de la protección de los individuos, resulten vanos e inútiles.

Pero hay algo pero aún: no sólo ordenaron realizar acciones indignas de las Fuerzas Armadas, sino que cuando debieron afrontar la responsabilidad por el mando, negaron sus órdenes, negaron conocimiento de lo actuado por sus subordinados; negaron conocimiento de lo secuestros, las torturas y las muertes...

Sin embargo, existían grupos organizados que cumplían un horario especial, cuya tarea era interrogar y torturar, y la realizaban en unidades militares o dependientes de las Fuerzas Armadas.

Estas actividades, que se produjeron a lo largo y a lo ancho del país, no pueden ser el fruto de la actividad de pequeños grupos aislados de oficiales.

No se puede concebir que en un ejército exista un grado de insubordinación tal que permita que oficiales inferiores realicen a lo largo y a lo ancho del pais, durante varios años, acciones contrarias a las que ordenan sus comandantes.

Es por eso, señores jueces, que con la referencia a excesos, los comandantes quieren atribuir a sus subordinados la responsabilidad que les corresponde.

Los acusados también deben otra explicación a su tropa y a la comunidad toda: porqué razón dejaron en libertad y no procesaron a las personas que ellos consideraban jefes de organizaciones subversivas y a las que atribuían actos de violencia?

El almirante Chamorro en sus declaraciones ante el Consejo Supremo, afirma también que en la Escuela de Mecánica había un grupo de personas que eran dirigentes de organizaciones subversivas que luego fueron liberadas con pasaje pago hacia el exterior...

La mentira y el engaño con que los acusados despreciaron a la comunidad, se vuelven ahora como un bumerán contra ellos, pero además se extiende a sus subordinados tendiendo un manto de sospechas sobre ellos.

Por eso debe individualizarse y castigar a los responsables de las infamias cometidas, para que no se equipare a quienes torturaron y robaron en beneficio propio, con los honestos.

Lo exige el prestigio de las Fuerzas Armadas argentinas y el de los oficiales que las integran.

La combinación de clandestinidad y de mentira produjo efectos que trastornaron a la sociedad argentina...

En la Argentina, todos estábamos en libertad condicional...

Enseñar a leer, dar catequesis, pedir la instauración del boleto escolar o atender un dispensario, podían ser acciones peligrosas. Todo acto de solidaridad era sospechado de subversivo.

Y si mediante las patotas, los acusados pusieron una capucha a cada una de las victimas de los secuestros, mediante la campaña de acción psicológica le colocaron una gran capucha a toda la sociedad.

Organizaron campañas publicitarias masivas, amordazaron a la prensa nacional que no podría publicar noticias sobre el tema de los desaparecidos y como no pudieron evitar que la verdad atravesara la fronteras y repercutiera en el exterior, afirmaron que las denuncias internacionales eran fruto de una campaña antiargentina organizada por elementos subversivos.

Como reconoció el ex embajador Anchorena: esa campaña consistía en denunciar que la Junta Militar era responsable de un sistema por el cual se secuestraba, torturaba y mataba.

Entre las organizaciones subversivas que hacían las denuncias encontramos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; el de Francia, el de Italia, el de España, el de Suecia, el de Alemania Una organización de la seriedad de Amnesty fue señalada por el gobierno militar como la central de esta campaña antiargentina. Los dos subversivos enviados a inspeccionar Argentina por esta maquiavélica organización de Amnesty fueron el sacerdote católico Robert Driman, que era en esa época representante por el estado de Massachussets en el Congreso de los Estados Unidos y lord Averbury, de la Cámara de los Lores de Inglaterra.

Y con toda esta mentira sobre la campaña antiargentina, no sólo negaban los hechos, sino que convertían al que reclamaba o se hacia eco de las denuncias en un subversivo.

Y la sociedad argentina, que durante años soportó las reivindicaciones de valores de muerte como supuestos medios para obtener mejoras sociales, tuvo que soportar luego otra acción psicológica destinada a politizar los secuestros y la muerte en aras de supuestos valores occidentales y cristianos.

Con dos sofismas se pretendía justificar la represión clandestina

El primero dice: todos los detenidos son subversivos.

No es que se podía detener subversivos, sino que todos los que ellos detenían eran subversivos, la detención convertía a una persona en subversivo.

Concebido esto, el segundo paso de este método perverso fue considerar que un subversivo es una especie de subhumano, de sanguijuela a quien se le puede torturar, matar.

Como se dijo haciendo referencia al régimen nazi, una vez que se convence a la sociedad de que una minoría o un grupo puede equipararse a una sabandija el paso que hay que dar para llegar al propósito de exterminarla no es ya demasiado grande...

Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la Nación Argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad toma monstruosa la mera hipótesis de la impunidad Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan "hechos políticos" o "contingencias del combate". Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal...

Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos: ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías.

Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al periodo que acabamos de describir.

A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia.

Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última.

Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación, y solicito que al fallar, en definitiva, se los condene a las siguientes penas:

1JORGE RAFAEL VIDELA: RECLUSIÓN PERPETUA, CON MAS LA ACCESORIA DEL ART. 52 DEL CÓDIGO PENAL.
EMILIO EDUARDO MASSERA: RECLUSIÓN PERPETUA, CON MAS LA ACCESORIA DEL ART. 52 C.P.
ORLANDO RAMÓN AGOSTI: RECLUSIÓN PERPETUA, CON MAS LA ACCESORIA DEL ART. 52 C.P.
ROBERTO EDUARDO VIOLA: RECLUSIÓN PERPETUA.
ARMANDO LAMBRUSCHINI: RECLUSIÓN PERPETUA.
LEOPOLDO FORTUNATO GALTERI: 15 AÑOS DE PRISIÓN
OMAR RUBENS GRAFFIGNA: 15 AÑOS DE PRISIÓN.
JORGE ISAAC ANAYA: 12 AÑOS DE PRISIÓN.
BASILIO LAMI DOZO: 10 AÑOS DE PRISIÓN.

Sin embargo, como la orden de aniquilar ha sido alegada reiteradamente en el proceso quisiéramos referirnos brevemente a ella...

Compareció como testigo la persona que firmó el decreto que ordenó la actuación de las Fuerzas Armadas en lodo el ámbito del país hasta aniquilar el accionar subversivo.

Por ello resulta interesante la interpretación auténtica que el Dr. Luder expuso.

Afirmó quien ejerció la presidencia de la Nación que lo único que hacen los decretos es incorporar a la lucha contra la subversión a las Fuerzas Armadas y que toda la estructura jurídica se mantenía.

Preciso que aniquilar el accionar de la subversión quiere decir inutilizar la capacidad de combate del grupo subversivo, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal del país.

Esta interpretación fue corroborada por los diferentes integrantes del gabinete de aquel gobierno, citados por la defensa para esclarecer el punto.

Así el Dr. Cafiero dijo que la interpretación ajustada a este termino significaba dejar inerme abatir el accionar de la subversión, por supuesto, en el marco legal y constitucional que el gobierno tenía como objetivo y como meta.

Ninguno de los oficiales superiores citados a declarar entendió que la orden de aniquilar autorizaba a secuestrar, torturar y matar.

Como acabamos de demostrar, el Gobierno anterior no ordenó la represión ilegal y la sociedad nunca pudo aprobar lo realizado porque nunca se le explicó lo que realmente se hizo. La sociedad argentina siempre fue engañada. Hasta el día de hoy la intentan engañar negando los hechos que ocurrieron. Si la sociedad no sabía, mal puede otorgar la aprobación a lo realizado...

Particularmente deleznable resulta el argumento de la "guerra sucia", esgrimido hasta el cansancio como causa de justificación.

Se nos dice así que esto fue una guerra --a la que para cohonestar los inhumanos procedimientos utilizados en su desarrollo se califica como no convencional-- y que en todas las guerras se producen episodios crueles, que aunque no queridos son su consecuencia necesaria.

En primer lugar, creo necesario dejar claramente establecido que aquí no hubo tal guerra. Tengo muy buenas razones en abono de esta afirmación, y daré sólo unas pocas.

Ninguno de los documentos liminares del proceso habla de guerra, y ello resulta por demás significativo. Porque resulta obvio, señores jueces, que si los tres responsables militares del alzamiento del 24 de marzo de 1976 hubiesen creído que estaban emprendiendo una guerra, cualesquiera fuesen los calificativos que les mereciera, no hubieran omitido esa circunstancia en la proclama revolucionaria.

El gobierno argentino asumió ante los foros internaciones una cambiante actitud que se puede resumir de la siguiente manera:

Primero, mientras se llevaba a cabo el proceso represivo más violento, negar la existencia de los hechos que internacionalmente se denunciaban. En una segunda etapa--que va aproximadamente de 1978 a 1981--relativiz6 la gravedad de los hechos y puso el acento en que la Argentina era víctima de una campaña internacional orquestada por la subversión desde el exterior. Finalmente, recién en 1981, en momentos en que la represión había disminuido cuantitativamente, el gobierno argentino comenzó a hablar en los foros internacionales de que había habido una "guerra no declarada"... En este contexto, cabe recordar que recién el 17 de setiembre de 1981, el entonces embajador ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Gabriel Martínez, declaró ante el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de personas que "los años 1976 a 1978 habían constituido un periodo muy particular de guerra no declarada". Es evidente la reticencia e incredulidad que este tipo de afirmaciones provocaron en la comunidad internacional.

Pero además, qué clase de guerra es ésta en la que no aparecen documentadas las distintas operaciones? Que carece de partes de batalla de lista de bajas propias y enemigas; de nominas de heridos; que no hay prisioneros como consecuencia de ningún combate, y en la que se ignoran las unidades que tomaron parte... Qué clase de guerra es ésta en donde los enfrentamientos resultan simulados, y en la que en todos los combates las bajas sólo hallaron en su camino a los enemigos de las fuerzas legales, que no tuvieron una sola baja. Porque resulta extraño, señores jueces, que una banda de subversivos militarmente organizados, que contaba con armas modernas, no cause a las tropas represoras ni siquiera un herido, mientras todos sus integrantes mueren. Las únicas muertes que pueden contabilizarse en las fuerzas del orden en su gran mayoría, fueron consecuencia de los atentados criminales a que me he referido al comienzo, y en los intentos de copamientos de unidades también ya reseñadas. Pero estos últimos fueron combates leales.

Se puede considerar acción de guerra el secuestro en horas de la madrugada, por bandas anónimas, de ciudadanos inermes?

Y aun suponiendo que algunos o gran parte de los así capturados fuesen reales enemigos, es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia?...

Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes de los buscados como rehenes? Son objetivos militares los niños recién nacidos?

Se puede equiparar el saqueo del ajuar de una casa con la incautación del parque de artillería enemigo? "Me robaron todo, desde el calzón de mi señora hasta el magiclik de la cocina", relato el testigo Hugo Pascual Luciani.

Son éstas las consecuencias desagradables no queridas de toda guerra?

Pueden hechos de esta naturaleza compararse con los efectos de un bombardeo aéreo a objetivos militares, que necesariamente causan muertes de inocentes?

No señores jueces, ésos no fueron episodios no queridos pero inevitables. Fueron actos criminales comunes, que nada tienen que ver con la guerra. Pero aceptemos ahora, por vía de hipótesis, la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas.

Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate, para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra.

De acuerdo con estos principios, nuestro país ratificó los cuatro convenios de Ginebra de 1949, que establecen mínimas reglas humanitarias para el trato y la protección de civiles y combatientes en caso de conflicto armado.

Estos cuatro convenios tienen un articulo tercero que es común, aplicable a los conflictos armados internos, por el que las partes se obligan a:

Tratar con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable, basada en la raza, color, religión o creencias, sexo, nacimiento o fortuna, o cualquier otro criterio análogo, a las personas que no participen directamente en las hostilidades, inclusive a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa. Expresamente quedan prohibidos: Los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones y los tratos crueles, torturas y suplicios, la toma de rehenes, los atentados a la dignidad personal; especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo emitido por un tribunal regularmente constituido y provisto de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. La falta de observancia de estos principios constituye infracción grave a los convenios y, como tal, según la doctrina internacional, crimen de guerra.

Por otra parte, los calificativos de "sucia" y "no convencional" carecen de entidad jurídica y son, por lo tanto, irrelevantes a la luz del derecho aplicable. Lo contrario llevaría a aceptar que un neologismo no fundado en norma jurídica alguna, puede alterar el derecho positivo conforme los intereses de quienes lo invocan.

La guerra es algo ya de por sí lo suficientemente horroroso como para admitir el calificativo de sucia por añadidura. Esto es un eufemismo para tratar de encubrir actividades propias de pandilleros antes que de soldados...

Se llega así, señores jueces, a la formulación de una alternativa de hierro: O no hubo guerra y estamos frente a una manifestación de delincuencia común, o la hubo, y entonces enfrentamos a criminales de guerra.

Me voy a referir a la necesidad que había en la Argentina y de cometer los delitos que aquí fuimos viendo que se cometieron. Es evidente que hay delitos que no guardan ninguna razonabilidad, ni ninguna conexión posible con el fenómeno guerrillero. Qué necesidad había de robar, no se adviene; esto pudo ser una razón de conveniencia, de motivar a los integrantes de las patotas. Pero no se adviene ninguna necesidad. La misma represión clandestina se habría podido realizar cumpliendo, respetando, por lo menos, el derecho de propiedad. Tampoco se adviene la necesidad que tenían de asesinar, si tenían en su poder todos los elementos para hacer consejos de guerra y fusilar a quienes hayan cometidos delitos. Quizás exista un punto que merezca un análisis un poco mayor, y es el referido a la tortura.

Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.

Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.

Señores jueces: 'Nunca más".