La ley de medios es lo mas avanzado del continente y en el mundo

La entrevista de Martin Pique para Pag/12 a Frank La Rue, relator de la ONU sobre la ley de medios no tiene desperdicio: , ayer estuvo en el Congreso y nuestros tan brillantes legisladores de la Coalición Civica y la UCR a los gritos diciendole al tipo que no podía elogiar el proyecto de ley por que no había visto los otros y que en la Argentina no hay libertad de prensa (cuando el 95% de los medios esta abiertamente en contra del gobierno) son los tipos que ahora defienden al Grupo Clarin a cambio de publicidad obviamente y vaya a saber que mas, Carrio que abiertamente dijo que defendia al monopolio y los radicales que se olvidan las dos veces que fueron gobierno y no tocaron la ley de radiodifusión que viene de la dictadura.
Para aportar otra opinión a un debate que justamente las empresas mediaticas estan ocultando y agraviando desde que se dio a conocer la propuesta y que los radicales estan atacando aún antes de que se de a conocer el proyecto de ley.

La opinión de un tipo al cual no le faltan pergaminos y es un observador imparcial en estos tiempos, donde un multimedio tiene mas poder que varios gobernadores, si tocan el titulo van a la nota :

Por Martín Piqué
El guatemalteco Frank La Rue es relator de las Naciones Unidas en materia de Promoción y Protección de la Libertad de Expresión... ... La Rue está interesado en impulsar el debate por el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El guatemalteco leyó el libro de tapas azules que contiene el texto que pretende democratizar el mapa de medios: la famosa ley comparada que redactaron el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto; el vicedecano de Facultad de Ciencias Sociales, Damián Loreti, y equipo. La Rue elogia el contenido del proyecto. “Es lo más avanzado que he visto en el continente y en el mundo en cuanto a telecomunicaciones, que aquí le llaman difusión de servicios de comunicación audiovisual”, dice en la entrevista con Página/12.
Abogado y periodista, exiliado en Washington entre 1981 y 1993, La Rue regresó a su país para denunciar el genocidio que se había producido en la tierra multicultural de los mayas: décadas de guerra antinsurgente habían dejado 45 mil desaparecidos. En esos años La Rue trabajó junto a Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz. El propio La Rue fue postulado para esa distinción por su labor en la denuncia y la investigación del terrorismo de Estado. Entre 2004 y 2007, por decisión del mandatario guatemalteco Oscar Berger, fue designado comisionado presidencial en Derechos Humanos. Un año más tarde, el 18 de junio de 2008, las Naciones Unidas lo nombraba relator en libertad de expresión.
Su trabajo consiste en redactar un informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en el mundo, recibir las denuncias sobre violaciones a ese derecho y hacer observaciones a los gobiernos. Con esa función ya hizo visitas a Nepal y Hungría, y tiene programada una gira por Africa. “Pero sobre todo viajo por América latina, que es mi continente”, cuenta. Apenas llegado a Buenos Aires, se encontró con un inesperado comité de bienvenida. Según una nota publicada ayer, varias entidades empresariales de la comunicación, al igual que legisladores de la oposición, habían expresado sus dudas porque La Rue había sido invitado por la Cancillería. La Rue fue invitado por el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería, que coordina Oscar Laborde.
–Un diario publicó que su llegada generaba interrogantes en entidades empresariales y que la relatoría de Libertad de Expresión la ONU debe analizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos de manera autónoma. ¿Se va a reunir con esas entidades?
–La libertad de expresión es un derecho individual y un derecho colectivo. Es un derecho de personas y de los pueblos. Un derecho de todos, cualquiera sea su posición ideológica y su posición social. Estoy muy interesado en reunirme con todos. Por supuesto que tengo interés en reunirme con los medios más grandes, y con los propietarios de los medios o sus directores. De hecho ya tengo programada una reunión para mañana (por hoy), lo cual me alegra. Yo he sido criticado por algunos países, absurdamente, por tener un enfoque proactivo. Me dijeron que pusiera el acento en las limitaciones a la libertad de expresión. Y yo dije que mi prioridad es fortalecer el ejercicio del derecho a la libertad. Hay países donde los medios están absolutamente monopolizados, eso es inaceptable y hay que combatirlo. En segundo lugar, hay que generar mecanismos alternativos para que los sectores sociales que nunca han tenido acceso a la comunicación los tengan. A los propietarios de los medios les cuesta entender que la libertad de expresión implica pluralismo. Es uno de los principios doctrinales de los derechos humanos. La libertad de expresión implica pluralismo, y el pluralismo implica combatir los monopolios. Y me hubiera gustado que Clarín me diera el derecho a réplica.
–¿La concentración mediática afecta la calidad de la democracia?
–Absolutamente. A mayor comunicación y libertad de expresión, mayor democracia. A mayor concentración, menos pluralismo y diversidad, menos democracia. Hay que validar algunos criterios. Uno es el pluralismo y la diversidad, no permitir monopolios, otro es también la accesibilidad. Yo creo que todos los sectores tienen que tener acceso a expresar su opinión. Por eso le insisto a todo el mundo que la relatoría es sobre la libertad de opinión y expresión. Opinión no es sólo información. Opinión implica tener medios para expresarse. Hay que revisar nuestras concepciones. Los medios pequeños, comunitarios, pobres, son tan importantes como los grandes medios para que cualquier pueblo formule su propia opinión y llegue a su propias conclusiones. Lo que esta relatoría ataca son los mecanismos de censura. Mecanismos de censura oficial, que no son aceptables en ninguna parte del mundo. Pero la relatoría va más allá. Su función no es sólo romper con los mecanismos de censura. También es promover el pluralismo temático e idiomático. Yo vengo de un país multicultural y multilingüe, donde queremos que los idiomas indígenas mayas también sean conocidos y tengan posibilidad de difundirse.
–Uno de los puntos centrales del proyecto es dividir el espectro de medios audiovisuales en tres partes iguales, el 33 por ciento para los medios privados con fines de lucro, el 33 por ciento para el Estado en sus distintos estamentos y 33 por ciento para las organizaciones comunitarias. ¿Qué opinión le merece ese principio?
–Este proyecto de ley sigue los principios clásicos de la libertad de expresión y de las relatorías. Hay cuatro relatorías en el mundo. La de las Naciones Unidas, la de la OEA, la de Europa y la de Africa. Y las cuatro relatorías han coincidido históricamente en la necesidad de diferenciar los tres segmentos de comunicación comercial, comunitaria y pública estatal. Este proyecto de ley lo que está haciendo es traducir la doctrina de derechos humanos a una ley, a una guía. Y me parece muy bien. También me parece importante mencionar que las telecomunicaciones públicas, oficiales, deben ser independientes. Ese es parte del principio. Siempre hemos puesto como ejemplo a la BBC o Radio Nederlands, que son estatales, financiadas por el Estado y de la mejor calidad pero absolutamente independientes. Pero en lo que contribuye el proyecto de la presidenta Kirchner es en dividir en 33 por ciento cada segmento. Yo mismo nunca me he atrevido a dar recomendaciones tan específicas porque eso lo debe ver cada país. En nuestros países hay una sobresaturación de frecuencias, por corrupción y por mal manejo, y el espectro de radio y televisión están en desorden. Un historiador me decía que si revisáramos las grandes concesiones radiales o televisivas en América latina veríamos que todas estuvieron vinculadas a las dictaduras militares.
–La ley de Radiodifusión vigente en la Argentina, la 22.285, fue inspirada por la Doctrina de Seguridad Nacional.
–Exactamente. La ley de Argentina viene de la dictadura, por eso me parece extraño que haya quienes digan “no, que las cosas se queden como están y dejemos esa ley”. Nunca ningún país con dignidad democrática puede permitir que leyes de la dictadura permanezcan. Es urgente cambiarlas en todo el continente pero especialmente en la Argentina. Además, se la está intentando cambiar de una forma democrática.
-Uno de los ejes del nuevo proyecto es la actividad de la televisión por cable. Hasta ahora en la Argentina el cable es considerado un servicio complementario, no un servicio básico de la comunicación. ¿Este proyecto debería legislar sobre la televisión por cable?
–Un proyecto de ley tiene que legislar sobre todo lo que tenga que ver con comunicación de materiales audiovisuales. Le cuento la ironía de las ironías. En mi país, Guatemala, la televisión abierta, que cubre el 90 por ciento de la población, es un monopolio. Un monopolio extranjero. Sin embargo, la televisión por cable se volvió un medio comunitario. Todos los pequeños municipios del país, incluyendo los municipios indígenas, tienen un canal de cable local, municipal. La televisión por cable puede ser comunitaria, como cualquier otro medio. Por consiguiente, debe ser regulada. Lo que pasa es que siempre va a haber alguien que proteste, cuando los intereses económicos, especialmente monopólicos, son afectados. Pienso que ésta es la obligación de todo Estado.
–Usted dice que la Argentina puede convertirse en un caso testigo de democratización del mapa de medios en América latina. Pero el Gobierno no hizo una buena elección. ¿No teme que finalmente el proyecto no sea aprobado y el fracaso se termine convirtiendo en un caso testigo, pero por la negativa?
–Bueno, yo mañana (por hoy) me reúno con las dos comisiones de Comunicación del Congreso. Y pienso insistirles con el tema. Voy a pedirles conciencia. Convertir este proyecto en ley sería una muestra de la madurez política de Argentina por parte del Congreso. Nadie debe quedarse afuera de esta experiencia. Además, no entendería cuáles podrían ser las razones, en un país que goza desde hace veinte años de democracia, de querer mantener una ley de la dictadura.